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El fantasma que acecha a la paz en Colombia

This TV grab taken from youtube and released on August 29, 2019 shows former senior commanders of the dissolved FARC rebel army group in Colombia, Ivan Marquez(C) and fugitive rebel colleague, Jesus Santrich(wearing sunglasses), on an undisclosed location announcing that they are taking up arms again along with other guerrillas who have distanced themselves from a peace accord signed with the government in 2016. - The whereabouts of Marquez, Marxist FARC's number two leader and chief negotiator of the 2016 peace agreement, had been unknown for more than a year. With UN support, the peace accord ended the insurrection by the Revolutionary Armed Forces of Colombia and turned it into a political party. (Photo by - / various sources / AFP) (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

El anuncio difundido por una facción rebelde de las FARC amenaza con poner fin a los acuerdos de paz celebrados con el gobierno colombiano ante la posibilidad de retomar la lucha armada. La llave para destrabar el conflicto está en manos del presidente, Iván Duque, quien proviene del ala más crítica a las negociaciones en La Habana, encabezada por el ex mandatario, Álvaro Uribe. Un conflicto de casi medio siglo se reaviva, encolumnado tras el asesinato de líderes sociales, las crecientes hostilidades y la cruenta historia colombiana.

Por minoritario que parezca el grupo, los ex guerrilleros que encabezan el alzamiento son parte de la porción de jefes con mayor influencia en el movimiento, que exigieron el respeto por los acuerdos de paz, garantías jurídicas para ex combatientes y el cese del asesinato a líderes sociales. El anuncio fue realizado por Iván Márquez, el segundo mando más importante de las FARC detrás de Rodrigo Londoño “Timochenko”, junto a Jesús Santrich, acusado de narcotráfico con pedido de extradición a Estados Unidos, ambos líderes de las negociaciones de paz en el Caribe.

En el comunicado, las fuerzas rebeldes aclararon que es el comienzo de la “segunda Marquetalia”, considerada como la cuna de las FARC tras el alzamiento en armas iniciado en 1964, y especificaron que no apuntarán a objetivos militares, no realizarán secuestros y dialogarán con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) -que no estuvo en los acuerdos de paz- para la contraofensiva.

Por otro lado, Duque respondió a la reacción guerrillera en un discurso donde responsabilizó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de ser parte de la reorganización de los rebeldes desde su territorio. En tal sentido, el mandatario uribista calificó a los sublevados como “banda de narcoterroristas”, fijó una recompensa de captura por un millón de dólares y desplegó las fuerzas de seguridad en todo el territorio nacional, que ya se cobraron la vida de “Gildardo Cucho”, ex guerrillero abatido en batalla según anunció el Ministerio de Defensa. 

No obstante, la incógnita de un conflicto armado en el marco de un nuevo escenario de hostilidades empieza a hacer ruido en la sociedad colombiana, que refrendó la negativa a aceptar las negociaciones de paz alcanzadas en La Habana en el plebiscito del 2016. 

El partido FARC rechaza a los disidentes

Una facción minoritaria de las FARC dio el primer paso para romper los acuerdos realizados durante la presidencia de Juan Manuel Santos. En este sentido, la periodista colombiana Catalina Oquendo subrayó al medio 0223, que el detonante del alzamiento es “el caso de Jesús Santrich” y que se trata de una “amenaza al proceso de paz”.

Cabe recordar que Santrich, quien figura en la nómina de narcoterroristas de Duque, fue liberado por la Jurisdicción Especial para la Paz -órgano legal creado en el marco de los acuerdos de paz en La Habana- y negó su extradición a Estados Unidos por una causa de narcotráfico de la cual no existieron pruebas contundentes para incriminarlo, según el tribunal. 

En lo inmediato, la radicalización de los jefes disidentes de las FARC ha potenciado las diferencias internas zanjadas por una mayoría que apunta a continuar los acuerdos de paz y que criticó a los rebeldes y una minoría que amenaza con volver a tomar las armas. Incluso, fue Rodrigo Londoño, ex jefe en comandante de la estructura militar, quien salió a remarcar que “más del 90% de exguerrilleros” siguen comprometidos con el proceso de paz. Se trata de una división que, además, dificulta la posibilidad de establecer un mando militar unificado y diluye la fuerza operacional de los sublevados.

En este sentido, la periodista analizó: “El presidente, que es quien debe tener las riendas de esta situación, deberá decidir si apoya a estos 10 mil ex combatientes que están decididos a mantener el acuerdo de paz o a un grupo minoritario”.

Por su parte, Iván Duque es producto de la feroz batalla contra las FARC potenciada por su mentor, el ex presidente Álvaro Uribe, quien fue acusado por la violación de derechos humanos durante su mandato, entre otras cosas, por provocar la muerte de civiles y hacerlos pasar como “falsos positivos” y promover la creación de grupos paramilitares.

Comisión por omisión: el asesinato de líderes sociales

Desde la firma del acuerdo de paz en 2016 fueron asesinados casi 500 líderes sociales y defensores de los derechos humanos según publicó el último informe de el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). La cifra se engrosa con 150 guerrilleros que fueron abatidos, aún así, tras la firma de los acuerdos de paz, según denunciaron los disidentes de las FARC en el comunicado. 

“La omisión del presidente Iván Duque ante el asesinato de líderes sociales es innegable”, aseguró Oquendo. Ese razonamiento expresa parte de la preocupación existente entre los desmovilizados que no encuentran garantías jurídicas ni seguridades bajo la gestión de filo uribista que lleva a cabo Iván Duque. 

La referencia cercana se remonta a la frustrada negociación de paz con guerrillas reincorporadas a la vida civil a través de la agrupación política Unidad Patriótica en la década del 80′, donde más de 3.000 militantes y decenas de cargos políticos fueron sometidos al exterminio físico por parte de grupos paramilitares, sin mencionar períodos anteriores como la llamada época de “La Violencia” que devino en la muerte aproximada de 300 mil personas hacia mediados del siglo XX.

En efecto, no solo no existe un marco poco probable de vuelta al conflicto armado sino que las minorías disidentes no expresan las voluntades de la mayoría de los exguerrilleros. Los intentos de los rebeldes por lograr un acuerdo con el ELN (fuerza que no negoció en los acuerdos de paz) resultan, por momento, improbables, aunque no descartables. Más aún cuando fue el líder del ELN, Uriel, quien celebró la decisión  de los disidentes de las FARC al señalar que “el bando popular” se encuentra abierto a todos los movimientos que decidan reincorporarse a la resistencia armada.

La división en las FARC, el camino de reintegración democrática adoptado por la mayoría de ex combatientes y una alianza que nace resquebrajada desde el inicio son factores que ponen duda un nuevo conflicto armado a gran escala en Colombia. La radicalización no es un camino viable para unas FARC que se encuentran debilitadas en el terreno militar pero tampoco lo son las amenazas por destruir los acuerdos y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como expresó el expresidente Uribe y, mucho menos, en momentos en que Duque ha intentado modificar las negociaciones de La Habana a pesar de su poca banca en el parlamento para efectivizarlo.

Una escalda de violencia, en concreto, no es capitalizable, ni si quiera para gobiernos que han apostado a hacer campaña con la batalla contra las guerrillas ya que, a pesar de haber librado masivas masacres, no han logrado desmovilizar a los grupos armados mediante el uso de la fuerza. La construcción de la paz, por tanto, parece ser el único camino viable a consolidar en un país que sufrió más 220 mil muertes producto del conflicto, casi 6 millones de desplazamientos forzados, unos 25 mil desaparecidos y cerca de 7 mil reclutamientos forzados desde 1955.

31 agosto, 2019

Sobre el Autor

Sebastian Mangini