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¿Por qué no se habla de la violencia política en Colombia?

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Colombia es un polvorín sin cobertura mediática. El retorno más temido de la violencia política se expresa en un promedio aproximado de un muerto por día y el paramilitarismo está creciendo ante los ojos de un gobierno que es cómplice tan solo con su silencio.

En la última semana, buena parte del espectro político opositor, la Defensoría del Pueblo y diversos actores políticos y sociales que estuvieron involucrados en el proceso de paz se encargaron de denunciar la cantidad de muertos.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y Paz (Indepaz) 59 líderes sociales fueron asesinados en lo que va de 2019, que se suman a los 282 del año pasado y los más de 600 desde 2016. A su vez, 134 ex guerrilleros de las FARC  fueron asesinados desde la firma del acuerdo de paz que permanecen ausentes de forma llamativa en la agenda informativa internacional. ¿Por qué? es una pregunta a cuya respuesta intentaremos, al menos, acercarnos.

El último mandato de Juan Manuel Santos tuvo la perla de la materialización del acuerdo de paz con las FARC que pudo dar vuelta la página de una historia de 40 años de violencia política, muertes, despojos masivos de campesino de sus tierras y millones de migraciones forzadas. A riesgo de perder buena parte de su capital político y caer en imagen, Santos avanzó en una jugada audaz que le valió el Premio Nobel de la Paz.

El proceso de paz contó con aval de la mayoría de las fuerzas políticas colombianas y la totalidad de los países suramericanos cuyos presidentes estuvieron presentes en el acto de oficialización. Desde Barack Obama, pasando por Mauricio Macri hasta Nicolás Maduro compartieron un escenario que marcaría un hecho clave de la historia latinoamericana.

La firma se convirtió en desarme con la ONU como mediadora, el Vaticano también tuvo un rol activo y el desenlace fue nada menos que la incorporación de hombres y mujeres de las armas a la vida civil. En un sistema político hostil y mayoritariamente de derecha, buena parte de los ex guerrilleros hoy cuentan con escaños en el Parlamento. Sin embargo, ese clima de reparación pronto comenzó a cambiar.

 

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La violencia política en Colombia tiene datos que asustan. La oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas manifestó su preocupación por la cantidad de dirigentes políticos y sociales que fueron asesinados por razones políticas pero ningún gobierno de la región se ha manifestado al respecto.

El Departamento de Cauca lidera el ranking de fallecidos con 10 en 2019 (58 al año pasado) siendo un territorio que, según el destacado investigador colombiano Ariel Ávila, se produce porque “una serie de narcos que pagaron penas han regresado y se han aliado con algunas organizaciones criminales para retomar sus propiedades y a su vez, sus antiguos testaferros se han aliado con otras organizaciones criminales para protegerse”. Para Avila, el crecimiento de la violencia esta ligada al retorno de narcos, paramilitares y agentes estatales colaboradores de criminales al país.

 

El caso Santrich

En enero de 2017, Donald Trump asumió el la presidencia en Estados Unidos, un año después lo hizo el delfín de Alvaro Uribe, Iván Duque, en Colombia luego de derrotar en segunda vuelta al progresista, Gustavo Petro. Ese mismo año, poco tiempo después de la victoria electoral, la DEA pidió orden captura para uno de los negociadores de paz de las FARC, Jésús Santrich, que fue capturado y permanece en una cárcel de Bogotá, por participar de una presunta reunión con un representante del cartel mexicano de Sinaloa en el que se negociaba el envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, y en la que había un agente de la DEA infiltrado. La justicia no dudó en detenerlo con el apoyo del gobierno mientras las FARC denunciaron un montaje para justificar el fin del proceso de paz.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) había dado un plazo de 40 días para recibir el material probatorio sobre esa reunión, para evaluar si aceptaba o no la solicitud de extradición. Ello, para comprobar si el hecho se presentó antes o después del 1 de diciembre de 2016, fecha en la que entró en vigencia el Acuerdo de Paz. Finalmente, ordenaron la “libertad inmediata”. La decisión del tribunal establecido a raíz del acuerdo de paz ha venido seguida por la renuncia presentada por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez quien dijo que “mi conciencia y mi devoción por el Estado de derecho me lo impiden (liberar al líder rebelde), por ello he presentado renuncia irrevocable a mi cargo de fiscal general de la nación”. A la renuncia del fiscal general siguió la de su vicefiscal María Paulina Riveros.

Fuentes consultadas para este artículo dijeron que la dimisión se hizo efectiva antes de que la Corte Suprema de Justicia pidiera la cabeza del fiscal. Como sea, este hecho significó un golpe duro para el gobierno colombiano y un desaire a los intereses norteamericanos de embarrar el escenario.

Vale la pena mencionar que el renunciado fiscal fue abogado del banquero constructor Sarmiento Angulo, investigado por la tramada corrupción de Odebrecht. A diferencia de otros países, esta causa no avanza porque el fiscal es juez y parte.

 

Los falsos positivos

El falso positivo es un eufemismo que se usa en Colombia a los crímenes que cometió el ejército durante el gobierno de Alvaro Uribe. Se trata de un vocablo usado en el ejército cuando rinden cuentas (positivo positivo).

Durante los diálogos de La Habana la JEP se ocupó de ponerlos en la agenda, ya que, tuvo como víctimas a los jóvenes pobres que eran engañados con ofertas de trabajo y luego esos aparecían muertos en alguna zona de Colombia mientras el gobierno los reportaba como si fueran bajas del ejército.

Realmente se trataba de asesinatos extrajudiciales, sistemáticos de la fuerza pública porque los muertos aparecían con uniformes de guerrilleros y reportados como tales. En este contexto, la ONU sostiene que hubo 5 mil falsos positivos en la era Álvaro Uribe aunque no hay precisiones al respecto.

La vuelta del uribismo al poder trajo de nuevo esta metodología pero deben toparse con la JEP que se ha convertido en la esperanza para pasar la página de la guerra y evitar que los falsos positivos vuelvan ser el teatro de operaciones de una guerra que debería quedar atrás.

 

Silencios cómplices

134 ex combatientes firmantes de la paz y 59 líderes sociales asesinados deberían ser motivos suficientes para que los países suramericanos atiendan con la responsabilidad lo que ocurre en un país con demasiados pergaminos en lo que violencia política respecta.

El cambio del escenario geopolítico en el último lustro permitieron que las miradas se concentren en Venezuela. Sin embargo, la región está siendo testigo de un regreso a las épocas más oscuras.

La militancia del espacio del hoy mandatario colombiano en contra del acuerdo de paz impulsado por Juan Manuel Santos demuestran que las prioridades de la derecha colombiana siguen teniendo la pantalla de la guerra para evitar atender las enormes desigualdades sociales que tiene el país y que lo ubica entre los tres países suramericanos con menor salario mínimo (253 dólares), solo por encima de México y Venezuela.

Décadas de guerra fratricida, 260.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos, casi siete millones de desplazados, violaciones y secuestros parecen no haber sido suficiente para dimensionar la magnitud de las consecuencias que todo esto ha tenido para la región.

16 mayo, 2019

Sobre el Autor

Augusto Taglioni

Director de Resumen del Sur, periodista. Mar del Plata