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A un año del crimen de Marielle Franco, la violencia no cesa

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El 14 de marzo del 2018 la concejala por el Partido Social liberal (PSOL) de Brasil y  su acompañante, Anderson Gomes, fueron abordados a balazos por dos personas mientras se trasladaba en auto en el barrio de Lapa, en pleno centro carioca. Si bien, esta semana fueron capturados los autores materiales, todavía se desconoce quiénes ordenaron su asesinato, en una causa plagada de obstáculos que busca desviar la responsabilidad de los autores intelectuales.

“Es indiscutible que Marielle Franco fue ejecutada sumariamente por las causas políticas que defendió” señaló la fiscalía que investiga el asesinato de la activista por los Derechos Humanos y concejala de la cámara municipal de Río de Janeiro. La investigación, que esta semana dio con la detención de dos ex policías relacionados con grupos paramilitares que actúan ilícitamente en las favelas brasileñas,  indica que el homicidio fue premeditado con, por lo menos, 3 meses de antelación.

Nacida en la favela de Maré, una de las más importantes de Río de Janeiro, Marielle Franco fue una militante histórica de Brasil que destacó sus luchas en las favelas brasileñas contra la violencia institucional ejercida por policías y milicias parapoliciales. De descendencia afro y con el feminismo como estandarte, Marielle fue sumamente crítica a la intervención militar en favelas ordenada por Michel Temer en el 2018 para equilibrar la escalada de violencia que comenzó luego de los Juegos Olímpicos en 2016.

Con 46 mil votos, Franco se convierte así en la quinta concejala más elegida de Río de Janeiro en 2016 y pasa a formar parte de la Comisión de Concejales de Río que tenía como objetivo hacer un seguimiento de las acciones de las tropas comandadas por Temer en las favelas. Un día antes de ser asesinada, Marielle denunció el homicidio Matheus Melo, baleado en la favela de Jacarezinho, hecho que se sumó a otra cantidad de numerosos casos de violencia institucional padecidos durante la intervención militar.

¿Qué se sabe?

El pasado 12 de marzo el secretario de policía de Río de Janeiro, Marcus Vinícius Braga, dio detalles de los detenidos por el crimen de Franco: “Dos policías fueron arrestados por participación directa y efectiva en el crimen (…) Con estos arrestos nos estamos acercando a resolver el crimen”. Se trata del ex policía militar Ronnie Lessa, acusado de ser el autor de los disparos que mataron a Marielle Franco y a Anderson Gomes, y del ex policía militar expulsado de la fuerza, Élcio Vieira de Queiroz, que fuera el conductor del vehículo al momento del ataque.

Ambos detenidos tienen estrecha relación con la familia Bolsonaro. Lessa fue vecino del presidente Jair Bolsonaro en el barrio exclusivo de Barra de Tijuca, inclusive, hasta antes de convertirse en el primer mandatario brasileño. En tanto, Queiroz mantenía un vínculo íntimo con Flavio, hijo de Jair Bolsonaro y diputado estadual de Río de Janeiro. La investigación deberá definir la responsabilidad de la familia Bolsonaro en los crímenes cometidos, considerando que forman parte del esquema político de Brasil hace décadas y sobran motivos para trazar vínculos con milicias paramilitares, principalmente frente a una figura presidencial defensora de la persecución política a grupos de izquierda y que, en reiteradas ocasiones, avaló la tortura como método aplicable.

El nulo avance que ha tenido la causa en este año y  el absoluto desconocimiento sobre los autores intelectuales del crimen refiere a los intentos por obstaculizar la investigación frente a una Justicia, por lo menos, cuestionable, ante los diversos ataques de índole política y racial llevadas a cabo en los últimos meses.

La violencia no cesa

Desde la feroz balacera desatada a la caravana que transportaba al ex presidente, ahora detenido en Curitiba, Luiz Inacio Lula Dasilva, hasta la persecución de militantes políticos de izquierda y del movimiento LGBT -bajo una bandera anticomunista-, Brasil experimenta una escalada de violencia que parece expandirse, casi tan rápido como la fiebre bolsonarista que lo llevó a ser presidente.

Como si el asesinato a la activista Marielle Franco no fuese suficiente, la policía militar volvió a estar en el foco de la escena tras las imágenes viralizadas durante la última semana, donde el abogado y dirigente del PT, Giovani Doratioto, es detenido por dos efectivos que fracturan su brazo sin presentar resistencia alguna. Y, sin ir más lejos, el diputado por el PSOL -mismo partido que integraba Marielle Franco-, Jean Wyllys, anunció el abandono de su banca y su auto exilio en enero de este año tras recibir amenazas de muerte. La respuesta de los seguidores bolsonaristas no tardó en llegar a través de un hashtag digno de la ultraderecha: #VaiPraCubaJean. Al mensaje de aliento se sumó, además, el diputado estadual, Flavio Bolsonaro, con el mensaje: “Vaya con Dios y sea feliz”.

Frente a este escenario, en definitiva, se evidencia que la violencia política vuelve a ser tema central, en un país gobernado por militares nostálgicos de la última dictadura brasileña, neoliberales de la escuela de Chicago, las elites gobernantes y el ala más conservadora de la Iglesia evangélica.

14 marzo, 2019

Sobre el Autor

Sebastian Mangini