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Retrato de otra intervención (norteamericana)

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“Por el bien del pueblo venezolano, los Estados Unidos no se mantendrán al margen…”
Mike Pence, 22 de enero de 2019.

 

La idea de que un presidente que accedió al poder aún perdiendo el voto popular (2.8 millones de votos menos que su contrincante), designado por un Colegio Electoral en medio de denuncias de colusión con Rusia, caracterizado por violar y romper los más importantes acuerdos internacionales, y que en su tercer año de mandato cuenta solo con el 37% de apoyo popular tiene la legitimidad suficiente para determinar que hay que poner fin a otro gobierno es, al menos, cuestionable. Y sin embargo, aquí estamos.

La noción de que Estados Unidos está tratando de impulsar un “retorno a la democracia” en Venezuela es polémica, por no decir falsa. Y no sólo por motivos históricos (recordemos el apoyo de Estados Unidos a las dictaduras de Pinochet, Videla, Onganía, Stroessner, su intervención en el derrocamiento de los gobiernos democráticamente electos de Guatemala y Nicaragua, incluso su apoyo a los gobiernos de Sadam Hussein, Muamar Gadafi y Pol Pot hasta que cayeron en “desgracia”). Si fuera realmente así, se alzarían, hoy por hoy, los mismos argumentos e iniciarían acciones contra el sangriento y ultra-represivo gobierno de Rodrigo Duterte en Filipinas y el de los Emiratos Árabes Unidos, que siquiera pretende ser una democracia política.

Lo cierto es que, como ha planteado recientemente el historiador Pablo Pozzi, Estados Unidos no se caracteriza precisamente por aceptar una política internacional no alineada, y en el contexto de una América Latina que ha girado hacia esa posición desde 2015 en adelante, desea acelerar el proceso. El tema no tiene nada que ver con que la Casa Blanca se preocupe por la represión, la crisis humanitaria o que Maduro sea (o no) ilegítimo.

El que viene liderando ese proceso de aceleración, llevado adelante en forma bastante pública, es el vicepresidente Mike Pence, acompañado muy de cerca por el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio.

En un comunicado dado a conocer el 22 de enero, Pence afirmó que pocos días antes se había comunicado con el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Juan Guaidó, para manifestarle su apoyo tanto a él como a la Asamblea Nacional, “la única institución democrática legítima de Venezuela”, y convocó “a salir a las calles, (como cuando) en 1958 el pueblo venezolano derrocó una dictadura militar en su país”. Luego, mencionó como Nicolás Maduro “prometió prosperidad, pero sus acciones han causado que la economía de Venezuela se reduzca a casi un 50 por ciento”, olvidando mencionar que eso es en parte consecuencia de las sanciones económicas y financieras que el gobierno norteamericano viene imponiendo desde 2011 y agudizando desde 2017.

Acto seguido, Marco Rubio, uno de los principales impulsores de maniobras intervencionistas en Venezuela, Cuba y Honduras, señaló a través de su cuenta de Twitter: “Mañana será un día muy bueno (e importante) para la democracia y el orden constitucional #Venezuela”. Al día siguiente, Juan Guaidó se autoproclamaba presidente del país caribeño.  

Algunos periodistas y analistas se preguntan: ¿Por qué ahora? La respuesta es muy sencilla. Los distintos tipos de intervenciones anteriores (directas e indirectas, tanto de la actual administración como de la anterior) habían fracasado.

Estados Unidos, con la venia de sus aliados regionales, vienen amenazando con la posibilidad de una intervención armada en Venezuela hace ya por lo menos dos años. Pero hagamos un breve recorrido por el carril de la memoria.

En una entrevista concedida a CNN a comienzos de 2018, Pence advirtió que Venezuela era una amenaza para los Estados Unidos, y que – cómo ya había declarado el mismo presidente Donald J. Trump – el gobierno estadounidense utilizaría “todo el poder económico y diplomático para llevar a Venezuela al punto donde recupere la democracia”.

Pocos meses después (y poco antes de las elecciones presidenciales en Venezuela), en un discurso dado ante los 34 países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA), Pence instó a suspender al país caribeño, no perdió la oportunidad de condenar a Cuba como “el país que está detrás de la dictadura en Venezuela y en Nicaragua”, y pidió a los países del hemisferio incrementar la presión sobre Venezuela. Consultado posteriormente por unas polémicas declaraciones de Trump sobre las posibles opciones que el gobierno estadounidense consideraba para continuar aumentando la presión sobre el gobierno de Maduro, incluida la militar, el vicepresidente afirmó que la Casa Blanca “está absolutamente comprometida a hacer lo necesario… para restaurar la democracia en Venezuela” y que Estados Unidos “no se quedará de brazos cruzados mientras Venezuela se derrumba”.

En 2017, en un viaje oficial por la región que lo trajo a Argentina, Colombia, Chile y Panamá para “profundizar los lazos comerciales y la cooperación en seguridad e infraestructura”, Pence se dedicó a impulsar una política de condena y aislamiento del gobierno venezolano, que derivó en pronunciamientos del Grupo de Lima (creado en agosto de 2017, justamente a tales efectos) y la OEA.

El New York Times reveló que ese mismo año el gobierno de Trump se reunió en secreto al menos tres veces con militares venezolanos que planeaban un golpe de Estado contra Maduro. Según el periódico, los golpistas solicitaron apoyo logístico de Estados Unidos, que finalmente no obtuvieron. La Casa Blanca respondió en un comunicado certificando la existencia de dichas reuniones, y afirmó que las mismas fueron solo para obtener información de primera mano de lo que estaba ocurriendo al interior de las filas del ejército venezolano.

Si bien la gestión de Barack Obama adoptó un discurso menos injerencista desde lo público, en 2015 fuimos testigos de un intento de golpe de Estado en el que ya es difícil desconocer el rol jugado por el gobierno estadounidense. “Operación Jericó” (también conocida como “el golpe azul”) contó con la supervisión del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), bajo la dirección de Ricardo Zúñiga. Según una investigación publicada por el periodista francés Thierry Meyssan, este “diplomático” es nieto del presidente del Partido Nacional de Honduras, (otro) Ricardo Zúñiga, quien orquestó los golpes militares de 1963 y de 1972 a favor del general López Arellano. El Ricardo Zúñiga que trabajaba en la Casa Blanca también dirigió la oficina de la CIA en La Habana desde 2009 hasta 2011. Si bien Washington se esforzó por no parecer implicado en los acontecimientos, un informe clasificado del Comando Sur de Estados Unidos, y firmado por su jefe, el Almirante Kurt Tidd, reveló que se proponía “a través de medios violentos, crear condiciones que conduzcan a un cambio eventual de gobierno, reemplazando al ejecutivo de Maduro por un gobierno interino compuesto por una coalición de partidos de oposición y líderes sindicales, así como las ONG obligatorias”. Esas organizaciones supuestamente no gubernamentales eran la National Endowment for Democracy (NED), el International Republican Institute (IRI), el National Democratic Institute (NDI), la Freedom House y el International Center for Non-Profit Law. La operación estuvo bajo la supervisión del general Thomas W. Geary desde la sede del SouthCom en Miami, y de Rebecca Chávez desde el Pentágono. Como subcontratista de la parte militar aparecieron el ejército privado Academi (ex Blackwater); una firma administrada por el almirante Bobby R. Inman (ex jefe de la NSA) y John Ashcroft (ex secretario de Justicia de la administración Bush).

Semanas después, la Casa Blanca declaró a Venezuela como “una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”. Esto venía a complementar la firma de una ley de 2014 en la que se imponían sanciones contra Venezuela y contra varios de sus dirigentes, considerados una “amenaza a la salud del sistema financiero estadounidense”.

Podríamos seguir incluso hasta el año 2002 cuando, en el contexto del gobierno de George W. Bush, se produjo otro fallido intento de golpe, en aquel entonces contra Hugo Chávez. Según el periódico The Guardian, que citó como fuente a Wayne Madsen, exagente de los servicios secretos de la marina estadounidense, buques estadounidenses asistieron con apoyo logístico, financiero e informativo.

Volviendo al presente, en su alocución del pasado 22 de enero, Pence afirmó: “sesenta y un años después que el pueblo venezolano se levantó en nombre de libertad, una vez más hacen el mismo llamado. Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela mientras alzan su voz contra la dictadura de Nicolás Maduro. Como dijo Simón Bolívar: Un pueblo que ama la libertad al final será libre. Y nosotros creemos que ese día llegará pronto.”

Ciertamente, están actuando a tales efectos.

 

2 febrero, 2019

Sobre el Autor

Valeria Carbone

Doctora en Historia. Especialista en Estudios sobre Estados Unidos