Destacados, Destacados RDS, Opinion

Cazadores

 

Sergio Moro, Ricardo Lorenzetti y Claudio Bonadío.

Sergio Moro, Ricardo Lorenzetti y Claudio Bonadío.

Los procesos políticos en los territorios suelen tener similutudes. En geopolítica pasa muy seguido, por no decir siempre, que un hecho ocurrido en un país está relacionado con lo que pasa en otro o desencadena una situación determinada.

Algunos llaman LawFare a la utilización del poder judicial como instrumento disciplinador de líderes opositores. El expresidente Rafael Correa lo definió en ese sentido en una entrevista a este medio y dijo que “el LawFare es la judicialización de la política que empieza con el linchamiento mediático, cuestión que ya no tiene control, límites ni escrúpulos. Luego viene la parte judicial, donde Jueces temblorosos y directamente corruptos hacen lo que dicen los titulares y no lo que dicen las pruebas en los tribunales”.

Correa repitió este término en varios tramos de nuestra la charla y denunció un plan para demonizar y encarcelar a líderes de la magnitud de Lula, Cristina Fernández de Kirchner y él mismo. En ese momento el brasileño no había sido detenido.

Es fácil caer en cierto escepticismo cuando se escuchan denuncias sobre teorías conspirativas y, de alguna manera, costaba entonces (y aún cuesta) creer que la justicia iba a ser tan arbitraria como para privar de su libertad a personas independientemente de las diferencias que puedan existir.

De aquella entrevista realizada en febrero a la fecha pasaron muchas cosas: Lula fue detenido, la “justicia” argentina ordenó prisión preventiva para Cristina Kirchner dos veces y Rafael Correa tiene un pedido de captura internacional, sin contar que el vicepresidente electo de Ecuador, Jorge Glas, está preso por corrupción.

Iluso y equivocado este cronista al sentir que la insistencia de Correa en el tema rozaba la exageración. Urge la necesidad de pensar que hay un modelo de justicia que las elites gobernantes están dispuestas a instrumentar en la región. Y esto no es una acusación caprichosa o una relfexon sesgada ideológicamente para denunciar “la mano del imperialismo” contra los “gobiernos populares”, sino la caracterización de la fuerte y descarnada disputa de los bloques de poder en la región. ¿Bajo qué objetivo? ¿en defensa de qué intereses? Esa será una repuesta que cada lector deberá hacerse al finalizar esta nota.

 

 Doctrina Moro

Lugo de cumplirse un mes de la detención de Lula, escribí un artículo titulado “Correr la frontera de lo posible” que básicamente hacía una radiografía del bloque de poder que está detrás de la prisión ilegal del expresidente de Brasil y lo que están dispuestos a hacer para evitar la vuelta del PT al poder. Para tal fin, es clave el poder judicial que tiene en la figura de Sergio Moro un ariete estratégico para la consolidación de un sistema de justicia que países como Argenitna y Ecuador están  en camino a desarrollar.

¿En qué consiste? El propio Juez de primera instancia lo definió cuando estuvo de visita en Argentina y fue recibido con cariño por jueces como Claudio Bonadío o fiscales como Carlos Stornelli, entre otros, que ven en la “Operación Lava Jato” a la meca de la guerra contra la corrupción. Esto, inspirada en el “Mani pulite” italiano, consiste en:

  1. La alianza con los medios de comunicación para “defender el proceso de investigación” y garantizar el apoyo de la opinión pública.
  2. Un estrecho vínculo con la sociedad civil, especialmente vinculada con Organizaciones sin Fines de Lucro que cuentan con financiamiento internacional.
  3. La delación premiada. Un mecanismo en el cual los condenados por delitos comprobados negocian con la justicia para la disminución de la pena, la prisión domiciliaria o directamente su absolución.

¿Les suena? Moro hizo de esto una doctrina que viola las garantías individuales, el debido proceso y la Constitucion Nacional. Pero no importa, con la corrupción en primera plana y la sentencia de los medios masivos de comunicación alcanza para ordenar una detención.

Esto no significa que en Brasil o Argentina no haya existido corrupción, red de coimas, financiamiento ilegal de campañas electorales o devolución de favores. Está claro que la política se financia de muchas maneras que no son transparentes y que un gobierno con  décadas en el poder puede aquirir practicas deleznables. Es decir, el Lava Jato existió, pero quienes cometieron delitos terminaron siendo beneficiados por el régimen de la delación premiada y detenidos como Lula están privados de su libertad tan solo por la declaración de quien negocia para bajar su pena. 

Argentina camina en ese sentido. Cristina Kirchner está en el ojo de la tormenta desde el momento que su fuerza política perdió la elección. Arrancó con la acusación de traición a la Patria por un memorándum con Iran para abordar la eternamente inconclusa causa AMIA que fue aprobado por el Congreso y luego desestimado por la Corte Suprema  de Justicia. Para el juez Claudio Bonadío una decisión política (tal vez una muy equivocada decisión política) es sinónimo a traición a la patria, mientras el juicio por encubrimiento al mayor atentado terrorista que recibió el país sigue impune y sin una sola cámara de televisión que lo cubra. Luego vino la trama de los cuadernos donde registraba los pagos de coimas el chofer de Roberto Baratta (segundo en el Ministerio de Planificación Federal que comandaba Julio De Vido). La investigación de Diego Cabot que inicialmente me pareció seria, pero en la medida en que fuimos conociendo las pruebas, nos dimos cuentas de las irregularidades y la celeridad con la actuaron en un contexto político, económico y social altamente desfavorable para el gobierno de Mauricio Macri. 

Lo extraño del caso que conmueve a la opinión pública argentina es que en una investigación que involucra a empresarios importantes es la ausencia de popes como Franco Macri, padre de Mauricio, Angelo Calcaterra, su primo y Nicolás Caputo, su hermano de la vida. Los tres importantes hombres de negocios vinculados con la construcción, entre otros tantos. ¿Casualidad?

Un dato importante sobre los arrepentidos. Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta que llevaba los bolsos y lo anotaba en sus cuadernos,  es un ex militar con aparentes vínculos con sectores de inteligencia. Dijo tener los cuadernos, y luego se desdijo y reconoció haberlos quemado, es decir que las detenciones se produjeron antes, Por su parte, el empresario que confesó el pago de coimas es Juan Carlos Goycochea de Isolux, socio del presidente Macri en un negociado de parques eólicos que está bajo investigación judicial. Además, aparecen como socios en proyectos de energía de hace 10 años.

Cuadernos que se quemaron, un poder judicial que acepta fotocopias como elemento probatorio y dos arrepentidos que dicen lo que la justicia quiere escuchar para lograr la excarcelación. Todo se complementa con las masiva cobertura y editoriales encendidos que apuntan a Cristina que es la jefa de una Asociación Ilícita . A pesar de la flaqueza de los elementos mencionados, el Fiscal Carlos Stornelli (ex jefe de seguridad de Boca, amigo del presidente xeneixe y operador judicial Daniel Angelici y muy cercano a Macri) consideró que “no hace falta tener los cuadernos para saber que “CFK es jefa de una asociación ilícita que pagaba coimas”. De nuevo: falta de pruebas, pero alta convicción judicial.

En el medio de las risas por los cuadernos que no son y las fotocopias que prueban poco y nada, hay 13 personas presas sin derechos no garantías individuales respetados y con un linchamiento mediático que ya está naturalizado. Que el convicto, revoleador de bolsos y exsecretario de obras publicas José Lopez y el hasta hace dos años rey de la obra pública no aparezcan mencionados en las fotocopias de los cuadernos que le acercaron al periodista de La Nación es más extraño aún.

¿Es el gobierno de Macri el que está detrás de esto? No lo sé, aunque tiene operadores de sobre dentro y fuera del Estado comprometidos en la cacería de detenidos de la festino K. ¿Le sirve? Definitivamente, si tenemos en cuenta que la representación de la deuda en el PBI esta arriba del 70 por ciento (la más alta en 12 años), que los ajustes que se vienen luego del acuerdo con el FMI erosionaran las capas medias y bajas de la población, que la industria cayó un 8 por ciento y la inflación sueperará el 30 por ciento. Además de la denuncia por financiamiento ilegal denominada “aportantes truchos” y la desidia que terminó con la vida de dos trabajadores docentes luego de la explosión de una garrafa en una escuela del distrito bonaerense de Moreno.

El Gobierno no tiene logros para mostrar y sabe que necesita subir a la cancha a una expresidente que, si el senado nacional lo decide, podría estar contra las rejas. 

 

El desopilante caso ecuatoriano 

“En el futuro no sé de que me van a acusar, del hundimiento del titanic”, me dijo Correa en la charla de febrero cuando enumeraba causas como la que lo vincula presuntamente con Petro China en la negociación de un campo petrolero  y por actuar “dolosamente” en romper el límite de deuda, el cual explicó que “el decreto dice que se calcule el techo deuda de acuerdo al manual de finanzas públicas del Fondo Monetario” del que el presidente tiene absoluta facultad. Muy parecido al procesamiento de Cristina por el dólar futuro en Argentina. Antes de meternos en el pedido de captura internacional para el líder ecuatoriano hay que abordar la prisión del vicepresidente electo Jorge Glas.

Luego del divorcio con el correísmo, el presidente Lenin Moreno le quitó las facultades a Glas quien tuvo la mala fortuna de ser un hombre de confianza del ex Jefe de Estado. Odebretch, esa mancha que se esparce por toda (o casi toda) la región fue la excusa perfecta para removerlo. 

Pero, concretamente, ¿De qué se lo acusa? De asociación ilícita y haber recibido coimas de la constructora brasileña. Rápidamente,  la justicia lo condeno a 6 años de prisión y Moreno puso a Mariela Vicuña, una tercera línea que se despeñaba como Directora de Vivienda. 

Glas se opuso a  la entrega que hizo el mandatario de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) al expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram Ortiz, destituido luego de solo seis meses de gestión por “incapacidad mental para gobernar” y por escándalos de corrupción y desviación de fondos.

Como en Argentina, lo de Jorge Glas es una prisión preventiva, no hay más pruebas que las difundidas por los medios y la justicia le rechazo varios hábeas corpus presentados por su defensa. ¿Les suena?

Lenin asumió en mayo de 2017, para junio formalizó su divorcio de Correa y avaló la denuncia contra Glas, en agosto le quitó las facultades como vicepresidente y en octubre ya estaba encarcelado.

Cabe destacar que en diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África.

Este culebrón no terminó con Jorge Glas. El gobierno de Ecuador lanzó a fines de 2017 una consulta popular para reforma la constitución que constaba de 7 puntos. El más importante y, tal vez el único motivo por el que se realizó, establecía restricciones para que un presidente, estando o no en el cargo, pueda presentarse a la reelección. Es decir, Rafael Correa no está habilitado para presentarse como candidato para las elecciones del 2021. 

Sacar a Correa de la cancha y eliminar algunos logros de su gobierno como la ley de plus valía y la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana fueron el objetivo de una consulta que termino siendo victoriosa tanto para el gobierno como para los sectores que lo acompañaron. 

El 36 por ciento de Correa es un piso alto para afrontar cualquier comicio aunque puede resultar un techo bajo para cualquier segunda vuelta, lo que parece ya, un mal de época.

Aún no termina. La parte desopilante del LawFare ecuatoriano entró en su etapa de esplendor cuando el poder judicial ordenó la prisión preventiva para Rafael Correa en la causa que investiga el secuestro del acérrimo opositor Fernando Balda.

En agosto de 2012 fue secuestrado tras un encuentro pactado para vender un sistema de seguridad. El supuesto secuestro fue frustrado por la Policía colombiana y con el tiempo, el secuestrador detenido envió cartas a Correa y al servicio de Inteligencia de su país para que lo asistieran. Según el secuestrador, el gobierno de Correa financió el rapto por el que fue condenado. Esta versión contó con el respaldo de Balda.

El caso resurgió pocos meses atrás, con Correa ubicado como el principal opositor a Lenin Moreno y luego del referéndum que buscaba evitar una futura candidatura para el 2021. En este contexto, Correa afirmó que no recibió las cartas del secuestrador.

¿Qué pasó después? Una jueza ordenó a Correa que se presentara en el juzgado de Quito cada 15 días. Pero Correa vive en Bélgica con su pareja, se presentó ante el consulado en Bruselas. De esta manera, la Fiscalía lo consideró en rebeldía y solicitó su detención. En definitiva, acusarlo por el hundimiento del Titanic hubiese sido más serio.

 

Estados (de excepción)

Debilitar a la política, judicializarla y desprestigiarla es la base del LawFare que como sintetizó Correa “comienza con el linchamiento mediatico”. Ningún gobierno, sea progresista o liberal, está exento de contar con casos de corrupción, el problema es cuando la corrupción se convierte un medio para atacar, disciplinar y perseguir a adversarios políticos.

Los casos mencionados demuestran arbitrariedad y falta de respeto a los derechos y garantías individuales. Llevarse puesto el sistema político, correr de la cancha a los principales líderes y condicionar a los partidos políticos con el que construyeron una alianza táctica. 

La excepción se convirtió en regla y el Estado de Derecho camina cabizbajo ante la fuerza de las bestias, mientras los medios de comunicación emiten su sentencia. Al poder judicial y los grupos económicos no les interesa la corrupción, la usan como slogan para destruir a la política.

Acusar a Correa (o a Jorge Glas), Lula y Cristina Fernández de Kirchner de ser jefes de una Asociación Ilícita, inhabilitarlos para que ocupen cargos públicos y demonizarlos es parte de una misión de estos cazadores vestidos de jueces que, además, pretende hundir al sistema político y aumentar la crisis de representatividad que aleje a los pueblos de los asuntos de Estado. La centralidad de los tres dirigentes políticos apuntados en el mapa regional implica que los poderes judiciales intensifiquen una cacería que está lejos de terminar.

5 agosto, 2018

Sobre el Autor

Augusto Taglioni

Director de Resumen del Sur, periodista. Mar del Plata