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“En Nicaragua se hizo un ensayo del formato de la primavera árabe”

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Nicaragua, un pequeño país de Centroamérica de 130,375 km² y más de 6 millones de habitantes, ocupó la primera plana de todos los diarios del mundo. ¿Por qué? Por las violentas manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega a quien acusan de autoritario y antidemocrático. Pero la chispa que desató el incendio se produjo luego que el Gobierno decidiera reformar el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que, según los manifestantes, perjudica notablemente el futuro de los jubilados y pensionados. Resumen del Sur dialogó con Carlos Fonseca Terán, vicesecretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) quien cuestionó las protestas y defendió las reformas emprendidas por su gobierno.

 

¿Cómo describirías la situación en Nicaragua y qué responsabilidad tiene el Gobierno de las muertes en las movilizaciones?

En Nicaragua se hizo ensayo del formato de la primavera árabe. Hay muertos en ambos bandos. Hubo francotiradores y aún se investigan las muertes. El contexto de enfrentamiento fue difícil porque en las protestas, incendios y saqueos había bastante gente con armas letales.

 

¿Quiénes son los que se movilizan y qué objetivos persiguen?

Los movilizados son de tres sectores. Por un lado los estudiantes universitarios. Unos están ideológica y políticamente enemistados con el sandinismo, mayormente jóvenes de la burguesía y la clase media. Son muchachos desinformados por redes sociales que creen estar luchando por la justicia social. Un segundo grupo está conformado por trabajadores del sector privado, movilizados obligatoriamente por los empresarios. Y un tercer grupo integrado por pandillas juveniles que espontáneamente se suman a todo lo que implique desafiar a la autoridad.

 

¿Qué intentó hacer el Gobierno con la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social?

La seguridad social en Nicaragua ha sido uno de los aspectos donde más logros hemos el alcanzado en cuanto al mejoramiento de las condiciones de vida de nuestro pueblo. La cantidad de beneficios de los asegurados y la cobertura de esos beneficios a la población aumentaron exponencialmente con el regreso del sandinismo al poder en 2007. Esto ocasionó una situación crítica en el INSS, que es la institución estatal encargada en este tema. Ante esto, el FMI y la empresa privada organizada en el Consejo Superior de la Empresa Privada pidieron aplicar las típicas medidas neoliberales en materia previsional. Estamos hablando del aumento de la edad jubilatoria que en Nicaragua es de 60 años y la cantidad de semanas necesarias para acceder a ella, es decir, 750 para la pensión normal y 250 para quienes a la edad de jubilarse no hayan alcanzado la primera cantidad, lo cual no existía antes del 2007. Incluso, en este caso, el pensamiento de los más radicales neoliberales era eliminar por completo  la pensión.

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¿Y qué hizo el Gobierno ante eso?

Nuestro gobierno respondió con un contundente rechazo tanto al FMI como al COSEP. En cambio, la opción escogida fue aumentar los aportes de los trabajadores y empresarios y establecer un aporte para los jubilados incluyendo a los que reciben una pensión reducida. Esta medida se tuvo que tomar rompiendo por primera vez el consenso con la empresa privada que forma parte de nuestro modelo de diálogo y alianza entre Gobierno, trabajadores y empresarios. Según las reformas que decidimos, el aumento en el aporte de trabajadores fue de un 0,7 % (de  6,25 a 7 %), los empresarios del 19 a 22,5, es decir, un 3,5 %, y los jubilados de 0 a 5 % (este fue el tema más polémico). La cuestión es que ellos (los jubilados) siguen siendo los que menos aportan. A cambio, se iba a aumentar la cobertura de salud, entre otras cosas. Otra medida fue eliminar el techo para la seguridad social establecido.

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Entonces, con las reformas, todos pagarían conforme al total de sus ingresos. Esto es especialmente sensible para empresarios y beneficioso para los trabajadores. Una forma de saquear el INSS ha sido que los empresarios se autonombraban y nombraban a familiares cercanos en los cargos más altos de sus empresas con megasalarios  para así obtener grandes beneficios y pensiones de lujo al llegar a la edad de jubilación. En resumen, las reformas decididas por el Gobierno, actualmente derogadas, eran para no aplicar la receta del FMI de la que obviamente son partidarios los empresarios.

 

 

28 abril, 2018

Sobre el Autor

Augusto Taglioni

Director de Resumen del Sur, periodista. Mar del Plata